Por La organización advierte que la norma puede criminalizar la cobertura periodística e inhibir la crítica pública.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión fue publicada este viernes en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor, presentada por el gobierno como un mecanismo para combatir delitos de alto impacto, ha encendido señales de alerta entre defensores de la libertad de expresión.
La organización internacional ARTICLE 19 advirtió que diversos artículos de la nueva ley están redactados con tal amplitud que podrían ser utilizados para perseguir, intimidar o criminalizar a periodistas, medios y comunicadores que publiquen información crítica o investigaciones relacionadas con asuntos públicos.
El artículo 15 define extorsión como obligar a una persona a dar, hacer, dejar de hacer o “tolerar algo” que le cause daño moral, psicológico o patrimonial, sin exigir la acreditación de coacción o amenaza, lo que para ARTICLE 19 abre la posibilidad de que funcionarios argumenten extorsión únicamente por considerar incómodo un trabajo informativo.
La fracción V del artículo 17 incluye como posible extorsión el uso de cualquier medio para transmitir información, lo que en términos prácticos abarca notas periodísticas, reportajes, publicaciones digitales, transmisiones audiovisuales y contenidos en redes sociales. Para la organización, esta redacción permite que un servidor público alegue “daño moral” para iniciar un proceso penal contra quien divulgue hechos de interés público.
ARTICLE 19 señaló que mantener esta formulación legal contradice estándares internacionales de libertad de expresión, vulnera el derecho a informar y genera condiciones para la autocensura, pues el solo riesgo jurídico inhibe la publicación de contenidos periodísticos que resulten incómodos al poder.
Con la promulgación de esta ley, advierte la organización, el Estado mexicano debe garantizar que su aplicación no derive en la persecución de voces críticas, y que el combate a la extorsión no se convierta en un instrumento para limitar la prensa y el derecho ciudadano a informarse.
