Por El decreto autoriza vender lotes a avecindados y a terceros, además de donar áreas para infraestructura.
La Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 18 de noviembre el decreto mediante el cual se expropia, por causa de “utilidad pública”, una superficie de 47 hectáreas del ejido San Antonio el Desmonte, en el municipio de Pachuca, Hidalgo, a favor del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).
De acuerdo con el documento, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la expropiación responde a “la necesidad de regularizar la tenencia de la tierra, incorporar asentamientos humanos de origen social y garantizar condiciones adecuadas de urbanización, infraestructura y servicios”.
El procedimiento se sustentó en los artículos 27 de la Constitución, la Ley Agraria y la Ley General de Asentamientos Humanos, entre otras disposiciones, además del avalúo emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que fijó la indemnización del núcleo agrario en 5 millones 241 mil 275.93 pesos.
Venta de lotes a vecinos y a terceros, punto central del decreto.
En el artículo primero, el decreto establece expresamente que la superficie expropiada se destinará a: “…su regularización y titulación legal mediante la venta a las personas avecindadas de los solares que ocupan, la venta de los lotes vacantes a los terceros que le soliciten un lote, así como la donación de las áreas necesarias para equipamiento, infraestructura y servicios urbanos y municipales en la zona.”
Esta disposición confirma que el INSUS tendrá la facultad de vender lotes tanto a los actuales ocupantes como a nuevos solicitantes, formalizando la tenencia de la tierra y habilitando procesos de urbanización.
El DOF detalla un largo historial de dotaciones y expropiaciones previas en ese ejido desde el año 1930.
La superficie final se determinó tras diversos dictámenes técnicos de Sedatu, el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Dirección General de Resoluciones Presidenciales y Expropiaciones, los cuales actualizaron la superficie real y sus características de uso: 30 hectáreas de agostadero y 17 hectáreas de temporal.
Asimismo, se garantiza que el comisariado ejidal fue notificado y que se atendieron las inconformidades presentadas dentro del periodo legal correspondiente.
Aplicación del decreto.
El INSUS será responsable de acreditar el pago de la indemnización y de ejecutar la regularización y titulación.
Una vez cumplido ese requisito, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) deberá proceder a la ejecución urbanística del proyecto.
El documento ordena también que el decreto se inscriba en el Registro Agrario Nacional, el Registro Público de la Propiedad Federal y el Registro Público de la Propiedad estatal o municipal.
El decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, este 18 de noviembre.
