Por Además, abre 600 investigaciones en un año.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Estado de Hidalgo informó la recuperación de más de 50 millones de pesos por concepto de reparación del daño al patrimonio colectivo derivado de casos de peculado, como parte de su 3er Informe de Resultados, correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025.
Durante la presentación del informe, la fiscal Alicia Medina Castelazo destacó que la institución fortaleció sus mecanismos de investigación y rendición de cuentas bajo un enfoque de transparencia y cercanía con la ciudadanía.
Además del monto resarcido, se implementó un mecanismo de restitución social por 240 mil pesos, que fue canalizado al DIF Hidalgo en forma de despensas y cobijas para apoyar a familias en situación vulnerable.
En el periodo reportado, la Fiscalía Anticorrupción abrió 600 nuevas carpetas de investigación por diversos delitos vinculados al servicio público.
Entre los ilícitos más recurrentes se encuentran abuso de autoridad, con 249 expedientes; incumplimiento de un deber legal, con 175; peculado, con 64; uso ilícito de atribuciones y facultades, con 35; cohecho, con 31; y ejercicio indebido del servicio público, con 26. Otros delitos investigados incluyen infidelidad en custodia de documentos, negociaciones indebidas, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, intimidación y distracción de recursos públicos.
En un video institucional difundido durante el informe, la dependencia detalló que existen 1,303 carpetas procesadas en distintas etapas. De ellas, 641 se encuentran en integración, 82 fueron judicializadas, 42 están vinculadas a proceso por carpeta y 78 por persona. Asimismo, se registraron 331 determinaciones de no ejercicio de la acción penal, 17 suspensiones condicionales del proceso, 11 sentencias abreviadas, 8 sentencias por juicio oral, 82 carpetas remitidas a la Procuraduría y un acuerdo reparatorio.
La Fiscalía Anticorrupción afirmó que estos resultados reflejan su compromiso por combatir prácticas ilícitas dentro del servicio público y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de procurar justicia en el estado.
