Por El grupo del empresario Ricardo Salinas acusa persecución y anuncia que acudirá a instancias internacionales
La Corte resolvió que los recursos de revisión no cumplían requisitos de procedencia; el conglomerado afirma que la decisión obedece a presiones políticas y vulnera el Estado de derecho.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió diversos asuntos relacionados con empresas que impugnaron créditos fiscales determinados por la autoridad hacendaria federal, principalmente derivados del Impuesto Sobre la Renta, correspondientes a los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013. Las compañías involucradas también buscaban la posibilidad de deducir pérdidas por la venta de acciones.
El máximo tribunal explicó que las empresas inconformes agotaron todos los medios legales previos: recursos de revocación ante la autoridad administrativa, juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa —que confirmó la legalidad de los créditos— y posteriormente juicios de amparo directo, que fueron negados por tribunales colegiados. Finalmente, interpusieron recursos de revisión que llegaron a la SCJN.
La Corte determinó que cuatro de los asuntos no podían admitirse, ya que los recursos de revisión en materia fiscal sólo proceden cuando se plantean temas de relevancia constitucional o de derechos humanos con un interés excepcional, conforme al artículo 107 de la Constitución y a la Ley de Amparo. En otros tres casos, el Tribunal concluyó que las cuestiones ya habían sido resueltas con anterioridad en criterios obligatorios, por lo que tampoco existían elementos para su estudio.
El comunicado subraya que los temas analizados —como la deducción de pérdidas por venta de acciones o la aplicación de reglas del régimen de consolidación fiscal— no presentan cuestiones nuevas ni controversias de relevancia constitucional. Por ello, la SCJN revocó los acuerdos que habían permitido que los recursos siguieran su trámite, al no cumplirse los requisitos de procedencia.
En respuesta, Grupo Salinas emitió un posicionamiento en el que denunció que la resolución de la Corte constituye un acto “abiertamente violatorio” de sus derechos humanos y un “golpe fulminante al Estado de derecho”. El conglomerado acusó a los ministros de actuar bajo instrucciones del Ejecutivo Federal y afirmó que existe una “persecución política sistemática” en contra de su presidente fundador, Ricardo Salinas Pliego.
El comunicado señala que la SCJN desechó sus argumentos sin considerar —según la empresa— el acoso político y mediático del que aseguran ser objeto desde hace más de una década. Grupo Salinas sostuvo que los ministros omitieron analizar el fondo jurídico de los asuntos y que la decisión forma parte de un “linchamiento mediático” impulsado desde Palacio Nacional.
Asimismo, anunció que acudirá a instancias internacionales para exigir garantías y protección de sus derechos humanos, así como la eliminación de lo que califica como “cobros dobles, inconstitucionales y multas desproporcionadas”. También acusó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de dilación y silencio administrativo respecto a sus solicitudes para cuantificar créditos fiscales.
El conglomerado advirtió que la resolución de la SCJN envía una señal de incertidumbre para la inversión en México, al considerar que “las reglas pueden cambiar según a quién se apliquen”. Aseguró que, aunque están dispuestos a pagar lo que corresponda conforme a la ley, no “cederán a extorsiones abusivas e ilegales”.
Grupo Salinas concluyó afirmando que no se “doblegará ni callará”, y que continuará defendiendo sus casos tanto en México como ante tribunales internacionales.
