Fortalecimiento municipal, eje de una nueva estrategia nacional en seguridad.

Fortalecimiento municipal, eje de una nueva estrategia nacional en seguridad.

Ibero propone 15 recomendaciones para fortalecer políticas de seguridad, convivencia y justicia

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a través de su Programa de Seguridad Ciudadana, respondió al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, preguntó: “¿Qué proponen?”.

El documento, titulado “Quince recomendaciones para construir políticas de seguridad, convivencia y justicia legítimas y eficaces”, plantea una hoja de ruta con base en evidencia científica para superar la crisis de violencia, delincuencia e impunidad en México. 

Según la Ibero, el Estado ha fallado en tres décadas en promover, evaluar y replicar buenas prácticas, por lo que el fortalecimiento municipal y la participación ciudadana deben ser el eje de una nueva estrategia nacional.

Entre las diez recomendaciones dirigidas a los municipios, la institución sugiere identificar mejores prácticas locales, adoptar enfoques de sostenibilidad, incorporar principios de derechos humanos, elaborar diagnósticos sólidos, integrar componentes mínimos de seguridad, consolidar redes regionales de respuesta, fortalecer la coordinación con fiscalías, crear oficinas de gabinete municipal, establecer mecanismos de supervisión ciudadana y promover observatorios ciudadanos que evalúen la efectividad de las políticas públicas.

A nivel federal, la Ibero plantea cinco acciones prioritarias, encabezadas por el apoyo a la seguridad municipal, reconociendo su papel como eje del sistema nacional. Propone además la creación de un Centro Nacional de Investigaciones en Seguridad Pública, encargado de una plataforma de evidencias y buenas prácticas a disposición de los tres órdenes de gobierno.

El Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero enfatiza que la seguridad legítima y eficaz solo puede alcanzarse si se prioriza el trabajo territorial, la sostenibilidad de las políticas públicas y la participación activa de la sociedad civil en la supervisión de los resultados.

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