Por Accendo, precedente que estaba escondido
La sanción dictada contra María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Finanzas de Puebla, por desvío de recursos públicos a través del extinto Banco Accendo, no es un “hecho aislado”, hablando en términos técnico-jurídicos.
Es un síntoma de un patrón que se repite en la administración pública mexicana: el uso irresponsable —cuando no francamente doloso— de recursos públicos en instituciones financieras con alto riesgo, amparado en la opacidad y la impunidad.
La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de Puebla determinó no solo su inhabilitación por 20 años, sino además el reintegro de 362 millones de pesos, producto de la inversión fallida de 604 millones del erario estatal.
Un mensaje claro: hay consecuencias cuando se juega con dinero público…en Puebla.
Pero ya es ganancia.
El caso tiene ecos claros en Hidalgo, donde Jessica Blancas Hidalgo, exsecretaria de Finanzas del gobierno de Omar Fayad, enfrenta denuncias por un desfalco superior a 800 millones de pesos vinculado al mismo banco quebrado.
Aunque su caso sigue en juicio mercantil federal —lo que ha frenado acciones administrativas y penales inmediatas—, las similitudes con Puebla son difíciles de ignorar: uso de recursos públicos en una institución financiera poco confiable, decisiones discrecionales y un largo silencio institucional.
Parece que la sanción en Puebla quería mantenerse en discreto silencio.
Lo ocurrido con el Banco Accendo exhibe una debilidad estructural en la administración financiera de los estados: las inversiones públicas se realizan con opacidad, sin evaluación real de riesgo, y cuando todo se derrumba, las responsabilidades se diluyen entre tecnicismos legales y procesos judiciales lentos.
En Puebla, el daño fue por más de 600 millones; en Hidalgo, por más de 800.
Son cifras que equivalen a presupuestos municipales enteros.
La sanción a Castro Corro sienta un precedente importante. Pero solo servirá de algo si no se convierte en excepción. Si se aplica con el mismo rigor en Hidalgo y en cualquier otro estado donde se repita el esquema.
Que no tendría por qué no ser así.
Porque si no se castiga a todos por igual, el mensaje que se envía es perverso: que hay responsables de primera y de segunda:
Que algunos pagan y otros negocian.
O les protegen con acuerdos transexenales.
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