Por Primera edición de Con-Ciencia Social 2025, organizado por el Tecnológico de Monterrey
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rebeca Aladro Echeverría, llamó a reflexionar y actuar en favor de los derechos humanos para la paz y los procesos de impartición de la justicia, así como a establecer un verdadero bloque constitucional.
Al participar como ponente en la primera edición de Con-Ciencia Social 2025, un encuentro para dialogar, compartir y generar impacto desde las ciencias sociales y jurídicas, organizado por el Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo, la magistrada impartió la conferencia “Principio pro persona y su importancia para la protección de los derechos humanos”.
Ante estudiantes de bachillerato y educación superior, Aladro Echeverría, explicó el proceso para que los juzgadores puedan considerar las consecuencias de sus interpretaciones mediante el desarrollo de prácticas judiciales modernas.
“Tenemos que crear conciencia en el ámbito nacional y en el ámbito estatal, amalgamando el pensamiento científico con el social, porque tenemos que advertir una serie de cuestiones que nos van a ir dando respuesta precisamente para la protección de los derechos humanos, y desde luego el derecho que es por propia naturaleza la ciencia principal en el ámbito social.
“Ambos van juntos, van de la mano. Estos elementos no serían suficientes para destacar su importancia para la protección de los derechos humanos, pero haber programado el tema, principio pro persona, y su importancia para la protección de los derechos humanos, lo coloca como punta de lanza de la cotidianidad social con los derechos que todas y todos somos beneficiarios”.
Junto a la magistrada presidenta Rebeca Aladro, estuvieron presentes el Mtro. Octavio Díaz Barriga Guizar, director del TEC Campus Hidalgo, el Dr. Óscar Alejandro Sampedro Fernández, académico y director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC Campus Hidalgo, el Mtro. Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana y David Montoya López, presidente del Comité Directivo de Amnistía Internacional, capítulo México.
En su argumentación, la magistrada Rebeca Aladro destacó que, con el desarrollo de prácticas judiciales modernas, en las que no ha sido una simple terminología, pasamos de un estado legislativo semántico a un estado constitucional pragmático.
“Antes eran una simple recomendación y no eran obligatorios dentro de una sentencia. Ya no es una recomendación sino una obligación para todas las autoridades; lo que más le convenga a la persona o la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos”.
Para concluir, la titular del Poder Judicial del Estado de Hidalgo mencionó que la Constitución es la máxima ley, pero de acuerdo con los tratados internacionales, los derechos humanos deben estar en el mismo plano para dar a las personas lo que más favorezca.
