Por Ligado a contratos ilegales de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con Radio y Televisión de Hidalgo “RTH”.
La Fiscalía General de la República informó que apelará el fallo absolutorio en favor de Ramón Sosamontes, exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social implicado en la llamada “Estafa Maestra” con Radio y Televisión de Hidalgo.
La fiscalía general informó que el Juez de Distrito, Gustavo Aquiles Villaseñor, en Funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte, exoneró de responsabilidad penal a Ramón “N”, (Sosamontes).
La indebida interpretación a la Ley de Adquisiciones impide el esclarecimiento de los hechos denunciados”.
FGR
Este fallo es respecto de contratos ilegales suscritos por él en representación de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con Radio y Televisión de Hidalgo “RTH”.
De acuerdo con la dependencia federal, el Juez no aceptó la responsabilidad penal en el caso de Ramón “N”, ya que los contratos que suscribió eran legítimos.
Esto, según el criterio del juez, al haberse realizado entre una Dependencia de la Administración Pública Federal (SEDESOL) con un Órgano Descentralizado de la Administración Pública Estatal (Radio y Televisión de Hidalgo RTH).
Por lo tanto, resolvió el Juez, no le era aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Sin embargo, detalló la FGR, la fiscalía señaló en la audiencia al Juez que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sí le era aplicable al investigado en el procedimiento de contratación de servicios.
Se apelará el auto de referencia; e iniciará de inmediato una Carpeta de Investigación”.
FGR
Esto, debido a que Radio y Televisión de Hidalgo “RTH” no tenía la capacidad técnica, material y humana para que fuera ella misma la que prestara el servicio, en virtud de que subcontrató con 17 personas físicas y morales en un porcentaje del 94.6% del importe del contrato original.
Esto, señaló la FGR, le obligaba a someterse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como lo señala el artículo 1 de dicho ordenamiento.
También, el agente del Ministerio Público federal le comunicó al Juez la preocupación de la Fiscalía respecto de su indebida interpretación a la citada Ley de Adquisiciones, que impide el esclarecimiento de los hechos denunciados.
A todo ello, señaló la FGR, no hubo una respuesta fundada y motivada del Juez, de conformidad con el criterio de la Representación Social, por lo que manifestó únicamente al término de la audiencia, que “ojalá y pronto la superioridad y los Magistrados de Circuito emitieran criterios orientadores que le dieran luz para determinaciones futuras”.
Ante tal respuesta, la FGR dará vista al Consejo de la Judicatura Federal, para los aspectos administrativos que correspondan; también apelará el auto de referencia; e iniciará de inmediato una Carpeta de Investigación, informó la dependencia.
