Por Tren Maya y Tula, vaciladas del sexenio pasado… ¿y presente?
La comparecencia de Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente del gobierno federal, el lunes pasado, ante el Congreso de la Unión, durante la cual reconoció por primera vez afectaciones ecológicas derivadas del Tren Maya —especialmente en cenotes, cavernas y zonas subterráneas del tramo 5—, marca un momento de transición simbólica, o al menos conciencia, para la política ambiental mexicana.
Pero que sea simbólico no lo hace menos relevante: revela una tensión entre promesas, omisiones y la urgencia de actuar con integridad ambiental.
Por años, voces científicas, organizaciones sociales y periodistas denunciaron (denunciamos, Kimosabi) que el proyecto del Tren Maya incurrió en deforestación masiva, impactos a suelos, afectaciones en flujos hídricos y servicios ecosistémicos.
No fue, ni es, sorpresa que el paso de la vía implicara daños ambientales, especialmente en regiones de alta fragilidad.
Lo que cambia es que ahora la propia autoridad ambiental admite el daño: “sí estamos muy conscientes que en el tramo 5 … ha habido una afectación a las ocho cavernas y cenotes que ahí se encuentran”, declaró la secretaria.
Mientras se debate sobre el Tren Maya, otro frente ambiental exige atención urgente y no la recibe: la región Tula en Hidalgo. Desde 2019 existe una declaratoria de “emergencia ambiental” por contaminación del aire, suelo y agua en esa zona, pero su restauración ecológica —prometida y postergada— parece en versión de borrador.
La propia secretaria de Medio Ambiente ha señalado que el decreto para formalizar la restauración aplicará “a más tardar” en septiembre (del año pasado) —plazo que ya expiró.
En paralelo, el gobierno estatal de Hidalgo dice que el retraso se debe, en parte, a la exigencia de consultar a pueblos originarios antes de diseñar el programa de restauración.
Eso convierte la restauración en un acto donde los procedimientos legales, la participación social y la voluntad política y varios etcéteras conviven de forma incómoda y paralizante.
El gobierno – federal y estatal – reconoce daños ambientales y la promesa ambiental queda en suspenso por la burocracia, el litigio social y la falta de recursos efectivos.
Atole con el dedo, pues, en términos técnicos.
Como en los gobiernos del pasado…y del presente.
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