Por Un “acuerdo de adhesión” para no promover la revocación de mandato, tal como lo ordena la Constitución.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), a través de su presidenta, Ana Karen Parra Bonilla, firmó su “adhesión a la Declaratoria” emitida por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), que preside María Magdalena González Escalona, mediante la cual se prohíbe expresamente el “uso indebido de recursos humanos, materiales o financieros con el fin de promover, impulsar, impedir u obstruir actividades para recabar las firmas necesarias para formalizar la solicitud del proceso de Revocación de Mandato de la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo”.
Con esto, la CDHEH se convierte en la primera institución en suscribir el compromiso y de esta forma “refrendar su papel como organismo público autónomo que recibe y ejerce recursos públicos, y que por tal motivo, está obligada a vigilar el uso adecuado de los mismos en apego a la normatividad vigente, contribuyendo a la consolidación de una cultura de rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad institucional”.
Ana Karen Parra Bonilla mencionó que la declaratoria “es necesaria para mantenerse alertas al interior de las instituciones, abonar con responsabilidad, desde la prevención de actos u omisiones que pudieran incidir desde el origen del Proceso de Revocación”.
Por ello, invito a las demás autoridades a que se sumen a esta declaratoria, ya que el correcto ejercicio de los recursos públicos, tanto económicos como humanos, fortalece la confianza ciudadana y garantiza que los derechos político-electorales se ejerzan en un marco de certeza y transparencia.”
Por su parte, la Consejera Presidenta del IEEH, María Magdalena González Escalona, expresó que desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo reafirman el compromiso con la legalidad, imparcialidad y la transparencia.
La “Declaratoria” y la Constitución Política federal.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 35, fracción IX, establece el derecho ciudadano a participar en la revocación de mandato y señala expresamente que:
“Durante el proceso de revocación de mandato queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con el proceso de revocación de mandato.”
También aclara que los partidos políticos no pueden promover ni intervenir en la revocación de mandato.
Por su parte, la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM) señala en el Artículo 33 que queda prohibida la intervención de partidos políticos en la promoción de la participación en el proceso.
El Artículo 38 establece que los servidores públicos deben abstenerse de difundir propaganda gubernamental en cualquier medio de comunicación durante el proceso, salvo la información relativa a servicios educativos, de salud o protección civil.
En general, la LFRM prohíbe que funcionarios o entes públicos tilicen recursos, programas o plataformas oficiales para inducir a la ciudadanía.
