Por Tendederos de denuncia: la justicia que no cabe en los expedientes
La publicación más reciente del Semanario Judicial de la Federación, del viernes pasado, da un golpe de timón en el debate sobre los derechos de las mujeres en México: los tendederos de denuncia son un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y un mecanismo de visibilización de la violencia de género.
En otras palabras, reconoce lo que desde hace años los colectivos feministas vienen gritando en las paredes, en las plazas y en las aulas: cuando el sistema falla, la voz de las mujeres se abre camino con su propia fuerza.
Deudores alimentarios, agresores, violentadores en general no tienen el privilegio de la privacidad.
No lo tendrán.
El reconocimiento no es menor. Durante años, estos espacios fueron vistos con desprecio, como “linchamientos mediáticos” o “difamaciones públicas”.
La narrativa patriarcal buscó minimizar su impacto y silenciar a las jóvenes que colgaban papeles con nombres de acosadores, profesores abusivos o jefes violentos.
Alegaban “daño moral”, lo que resulta ridículo, ofensivo, gracioso e indignante, todo al mismo tiempo.
Ahora, el criterio judicial recuerda que la libertad de expresión protege incluso las denuncias incómodas, porque de eso se trata en una democracia: de garantizar que los poderosos también puedan ser señalados.
El fallo es también una radiografía del fracaso institucional.
Que miles de jóvenes recurran al tendedero en universidades o centros laborales revela la inoperancia de protocolos contra la violencia de género, la falta de confianza en las fiscalías y el peso de la revictimización en cada denuncia formal. ¿Cómo confiar en un sistema que archiva expedientes o que protege más al agresor que a la víctima?
Para Hidalgo, este criterio llega con un eco particular. En un estado donde los indicadores de violencia contra las mujeres crecen y los refugios operan con presupuestos insuficientes, los tendederos han sido una de las pocas trincheras de resistencia en las escuelas y comunidades. Pretender borrarlos sería condenar al silencio a cientos de víctimas.
El mensaje de la Corte es claro: los tendederos no son difamación, son denuncia social. Son memoria, son resistencia y son un espejo incómodo para las autoridades que prefieren maquillar cifras en lugar de enfrentar el problema. La pregunta ahora es si los gobiernos locales, incluyendo el de Hidalgo, estarán dispuestos a escuchar estas voces o seguirán mirando hacia otro lado mientras los papeles en los tendederos se multiplican.
Porque al final, lo que cuelga en esos hilos no son simples hojas: son fragmentos de una justicia que no cabe en los expedientes.
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