Por Pese a que se documentaron casi 60 millones de pesos no solventados y finalizó el plazo que ordena la ley.
Por Claudia Martínez
Todavía no existe una denuncia penal formal en contra de la exsecretaria de Finanzas Públicas, Jessica Blancas Hidalgo, de la pasada administración estatal que encabezó Omar Fayad Meneses, oficina desde donde presuntamente se autorizaron los recursos que utilizaron para lo que llaman la “estafa siniestra”.
Al respecto, el gobernador Julio Menchaca Salazar comentó que tiene conocimiento que la Auditoría Superior del Estado ya presentó informe en donde se dan a conocer que hay rubros que no se han solventado y si no lo hace, se procederá como en todos los casos, por lo que en este momento corre el trámite legal.
Dijo que el tema de la “estafa siniestra”, estuvo muy bien planeada, en donde autorizaban recursos “extraordinarios” para supuestas obras e inversiones, que lo recibían presidentes municipales y de manera inmediata, los depositaban a empresas fantasmas, sin domicilio fiscal que comprobar, por lo que se ha complicado un poco la solución..
Sin embargo, aseguró que no se ha cesado en combatir la impunidad, pero sobre todo para recuperar los recursos que fueron utilizados para este plan.
Indicó que en el momento en que se tengan todos los elementos de la investigación se darán a conocer los nombres de todos los ex funcionarios que participaron en este plan, no sólo para publicitarlos, sino para ejercer las acciones penales correspondientes.
Con relación a la situación legal de César “N”, quien fungió como Contralor en la pasada administración, dijo que el asunto está en las manos del gobierno de Estados Unidos, es por elloaún sigue en aquél país.
“Procede denuncia penal”: Jorge Valverde.
En entrevista exclusiva con CentralMX, Jorge Valverde Islas, Auditor superior del estado, confirmó que la observación pendiente y que no fue solventada, es del orden de 59 millones 208 mil 69 pesos con 10 centavos.
La ASEH está obligada a denunciar en un plazo de 10 días irregularidades no solventadas por exfuncionarios
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) está legalmente obligada a presentar denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) cuando detecte irregularidades en el uso de recursos públicos por parte de exservidores públicos, y dichas observaciones no hayan sido solventadas en el procedimiento de fiscalización.
De acuerdo con el artículo 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Hidalgo, cuando la ASEH detecte hechos que presuntamente constituyan delitos derivados del ejercicio de sus funciones de revisión, debe formular la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. El artículo 49 de la misma ley establece que dicha denuncia debe ser presentada dentro de los diez días hábiles siguientes al momento en que la Auditoría tenga conocimiento de los hechos y cuente con los elementos que los sustenten.
El marco jurídico que respalda esta obligación también se encuentra en la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en su artículo 63, fracción XXIII, el cual faculta al Congreso local, a través de la ASEH, a fiscalizar las cuentas públicas y presentar denuncias cuando se presuman responsabilidades de tipo penal.
Asimismo, el artículo 4, fracción XVI de la Ley de Fiscalización establece como atribución de la ASEH la de “presentar denuncias o querellas ante el Ministerio Público o la autoridad competente cuando se presuman hechos que puedan constituir delitos o faltas administrativas graves”.
La presentación de estas denuncias debe realizarse sin necesidad de autorización previa del Congreso del Estado o de su Comisión Inspectora, y la ASEH está obligada a informar sobre el estado que guardan los procedimientos iniciados, conforme al artículo 50 de la citada ley.
En caso de que no se cumpla con esta obligación en el plazo establecido, la omisión podría dar lugar a responsabilidades administrativas para los funcionarios de la ASEH conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de afectar el curso de acciones penales por posibles delitos como peculado, ejercicio indebido del servicio público o uso ilícito de atribuciones, regulados en el Código Penal del Estado de Hidalgo, particularmente a partir del artículo 236.
