Asimismo, a migrantes, indígenas, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
El grupo legislativo del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 390 del Código Penal Federal, a fin de aumentar hasta una mitad más la pena por el delito de extorsión, cuando el daño sea ejercido contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Además, contra personas con discapacidad, migrantes, personas adultas mayores o personas indígenas.
La ley vigente establece que se aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a sesenta días multa, al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial.
La reforma también modifica el concepto de extorsión, a fin de establecer que este ocurre cuando al que sin derecho intente obligar a otro “mediante violencia, amenazas, intimidación”, a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, utilizando “cualquier medio que implique coerción”, obteniendo o pretendiendo obtener un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial o “daño”, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa.
Esta misma pena se impondrá si la coacción, amenaza, intimidación o violencia causare daño a la integridad física, psíquica, moral o patrimonial de la víctima; se buscará en todo momento la reparación del daño y el acompañamiento, contemplando todas las etapas del proceso.
Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una persona que pertenezca a una asociación de carácter delictuoso, provenga del interior de un reclusorio o centro de reinserción social.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, expone que existen varios tipos de extorsión que impactan de distinta manera de acuerdo con el nivel socioeconómico, escolaridad, edad, género y sexo.