Por El expresidente municipal de Tula, quien dejó ya la prisión a la que ingresó acusado de malversar poco más de 60 millones de pesos, aceptó su responsabilidad en ese delito y, con la mano en la cintura, pagó 25 millones para recuperar su libertad.
Un pingüe negociazo que alienta a respetar, sino la ley, cuando menos sí los procedimientos penales tan generosos que rigen en nuestro país.
