Por No es culpa de la Procuraduría
El destino de los, aproximadamente, 35 millones de pesos que están en el aire después de que el expresidente municipal de Tula, Manuel Hernández Badillo, aceptó haber incurrido en delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, será un misterio sin resolver.
En las mismas circunstancias, casi, está el exalcalde de Epazoyucan, Fidel Arce Santander, quien también a través de esa bendición jurídica llamada procedimiento abreviado, consignado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de ejecución penal, aceptó haber desviado 14 millones de pesos, pagó cuatro y saldrá en poco menos de dos años.
No es culpa de la Procuraduría General de Justicia del estado, cuyo personal ha hecho un trabajo importante para perseguir y procesar a quienes han podido encontrar.
O a quienes les han dicho que pudieron encontrar.
Vaya, Atilano, César, Jessica, y otros pues, deben estar escondidos en otro planeta.
Tampoco es culpa de la representación social, es decir del Ministerio Público, los beneficios de esa medida jurídica, absolutamente legal, que implica aceptar la culpa de un delito, pagar una parte de las sanciones que establezca la legislación y luego, pues ya.
A otra cosa.
El procedimiento abreviado es una instancia penal que permite agilizar el juicio, puede ser solicitado por el Ministerio Público hasta antes de la emisión del auto de apertura al juicio oral..
El legislador, es decir, el Poder Legislativo lo concibió como una medida encaminada a desahogar la sobrepoblación de las cárceles en el país.
En el caso de Fidel Arce, su equipo jurídico actuó con torpeza, pues no procuró buscar que su pena, al aceptar el procedimiento abreviado, no superase los 4 años o menos, pena conmutable en libertad.
Por eso tendrá que permanecer un tiempo, muy breve, en prisión.
En cambio, el equipo jurídico de Manuel Hernández Badillo actuó con pericia, pues no solo lograron que el juez impusiera una reparación del daño que representa apenas el 15 por ciento de lo desviado y además, recuperando la libertad de forma inmediata.
Negociazo.
La burla a la sociedad pues, resulta ser una anécdota.
Ahora, la PGJEH informó que está “a la expectativa”, del que todos los indicios, todas las declaraciones apuntan como la mente maestra de la estafa siniestra.
El excontralor de Omar Fayad, cuyo nombre no puede ser mencionado so pena de ser castigados por atacar su buen nombre y prestigio.
Vaya, no es culpa de la PGJEH, es una ley penal hecha para eso.
Para favorecer al corrupto.
Nunca se sabe cuando se va a necesitar, ¿no?
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