Por Un año del palo de la Corte al Congreso, sin consecuencias.
Este fin de semana se cumplió un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las consultas a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a personas con discapacidad, realizadas por el Congreso del estado de Hidalgo, pues no se llevaron a cabo de acuerdo con los parámetros fijados por la propia Corte.
La SCJN informó, en sesión del Pleno, que los ministros votaron en favor de la invalidez del decreto 204, por el que se había reformado el artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, por falta de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.
Huelga decir que no ha pasado absolutamente nada, en ninguno de los dos casos, quedando en el aire, además de rehacer las consultas para llevarlas acabo con probidad, los casi 12 millones de pesos que gastó la 65 legislatura en ambas consultas, durante las presidencias de Jorge Hernández Araus -futuro alcalde con sus deudas arregladas- Julio Valera Piedras, expriista y finalmente adherido a Morena -historietas de la vida- y Osiris Leines Medécigo, del PT universitario.
La Corte determinó que las disposiciones reformadas afectaban directamente los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad; por lo que existía la obligación de realizar consultas previas, lo que no se hizo.
La invalidez determinada surtirá efectos al concluir el proceso electoral que se encontraba en curso, y que finalizó en junio pasado, plazo durante el cual el congreso local debió realizar las consultas respectivas.
Lo que no se hizo.
El Congreso del estado de Hidalgo tendría que pagar de nuevo para rehacer las Consultas tiradas por la SCJN, pues los contratos signados por la 65 Legislatura con la empresa SEAP Consultores S.C., no cuentan con una cláusula de responsabilidad para el proveedor ante la inconstitucionalidad declarada por la SCJN.
En septiembre de este año, el diputado Andrés Velázquez Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, aseguró que habrá una investigación sobre los recursos que la 65 legislatura gastó en ambas consultas inservibles.
Velázquez Vázquez explicó que aún no analizan a fondo los requerimientos que estableció la Corte, sin embargo reconoció que no se puede “decir borrón y cuenta nueva, acuérdense que son los recursos de todos nosotros, no podemos decir que quedó en el olvido”.
Lo que no se ha hecho, hasta ahora.
Un año, y los responsables esperan pacientemente que mejore su circunstancia política.
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