Por La administración del presidente saliente dejó la explosión en Tlahuelilpan; la inundación en Tula y el “infierno ambiental”.
En diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una estrategia para disminuir el robo de combustible, conocido como huachicoleo, la cual consistió en desplazar la gasolina a través de camiones cisterna, en lugar del sistema de oleoductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Esa medida, ocasionó el desabasto de combustibles en cientos de gasolineras, filas kilométricas en los expendidos para abastecer vehículos y compras de pánico de los automovilistas.
El 10 de enero de 2019, en su conferencia mañanera, López Obrador anunció que se reforzaría la vigilancia en los ductos de Pemex, mientras automovilistas continuaban con las largas filas para cargar combustible ante la escasez que provocó la estrategia.
«Desde luego van a continuarse los repartos, el abasto a gasolinerías con pipas (camiones cisterna) y poco a poco vamos a ir normalizando la situación», se lee en las versiones estenográficas de la mañanera de ese día.
Para contener el robo, el presidente ordenó el cierre de los ductos que distribuyen gasolina y comenzó a distribuir el combustible en camiones cisterna.
El 18 de enero de 2019, en Tlahuelilpan, se registró la fuga de gasolina en el kilómetro 226 del oleoducto que corre del puerto veracruzano de Tuxpan a la ciudad de Tula.
La versión gubernamental señala que fue ocasionada por la instalación rudimentaria de una toma clandestina en el ducto de 14 pulgadas de diámetro con la finalidad de extraer ilegalmente el combustible.
Foto: Presidencia de la República.
Debido a la fuerte presión del hidrocarburo y al poco conocimiento técnico en la manipulación de esas tuberías, rapidamente se salió de control y el liquido comenzó a brotar masivamente elevándose varios metros.
La gente comenzó a acercarse con la esperanza de recolectar el combustible para venderlo posteriormente, incluso sin saber que eso constituye un delito y que su vida estaba en riesgo inminente.
A las 18:58 horas, la acumulación del hidrocarburo en la superficie y su saturación en el ambiente ocasionó una fuerte explosión que dejó un saldo de 137 decesos: 69 personas fallecieron en el lugar y de los 81 hospitalizados por quemaduras, murieron 68; sólo 13 fueron dados de alta con lesiones.
En diversas oportunidades, López Obrador señaló que la tragedia “es lo más triste” que se ha vivido en su gobierno y que quienes perdieron la vida buscaban un medio para sobrevivir, aunque estas actividades no deben prevalecer.
Muertes por inundación en Tula.
Foto: UNAM.
El seis de septiembre de 2021, ocurrió, en Tula, una inundación que dejó un saldo de 17 muertos, cerca de 10 mil damnificados y más de dos mil viviendas de comunidades afectadas.
De acuerdo con información de medios de comunicación y versiones oficiales y un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México denominado “corriente alterna”, la inundación se originó en el Valle de México, a 70 kilómetros de Tula, producto de intensas lluvias en la Ciudad de México y el estado de México, que saturaron sus sistemas de desagüe, cuyo destino final es el Valle del Mezquital, en Hidalgo.
La UNAM reportó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) activó el Protocolo de Operación Conjunta del Drenaje Profundo del Valle de México, con el que se abrió el flujo de aguas residuales a través del Túnel Emisor Central y el Túnel Emisor Oriente.
Esto provocó que el Río Tula duplicara su caudal hasta que, finalmente, se desbordó.
Así lo reconoce la dependencia en el dictamen técnico “Tula”, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina del 15 de noviembre de 2021, señala la máxima casa de estudios.
El diputado local de Morena, José Luis Rodríguez Higareda refirió que la contingencia “no se debió al efecto de la lluvia local, sino a los diferentes causes pluviales, que desembocan en el Rio tula, la mala planeación de la clínica 5 y los traslados de las víctimas se debieron en parte a que no se contaba con camas suficientes en los hospitales cercanos y algunos tuvieron que ser trasladados a otros estados, para su atención, en algunos casos se convirtió en una carrera contra el tiempo pues se encontraban los hospitales a distancias alejadas”.
El infierno ambiental ¡sin recursos!
Foto: Pemex.
A finales de 2018, al inicio del gobierno de López Obrador, la Semarnat fue tomada por integrantes del Movimiento Social por la Tierra quienes denunciaron la grave situación ecológica y ambiental que prevalece en la región de Tula y municipios aledaños.
La Declaratoria atendería principalmente a 135 poblados con unos cinco mil habitantes.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió, a través del oficio S00/155/2018, una declaratoria de emergencia sanitaria, en noviembre de 2018, para los municipios de Tula de Allende y Tepetitlán, debido a que los niveles de plomo, arsénico, manganeso y mercurio, son muy superiores a los máximos permitidos en todos los pozos de agua para consumo humano analizados por la Comisión Nacional del Agua.
El tres de marzo de 2020, la entonces presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la LXIV legislatura del Congreso de Hidalgo, María Luisa Pérez Perusquía, informó a través de sus redes sociales que el Pleno del congreso del estado aprobó un exhorto al gobierno de la República para solicitar que publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la declaratoria de emergencia ambiental y destine recursos para la ejecución de proyectos resarcitorios en la región de Tula.
Pérez Perusquía informó en aquel momento que ello permitiría acceder a los recursos financieros necesarios para la restauración ecológica de la zona, que requiere una inversión inicial de 21 mil 730 millones 290 mil pesos. Lo que no ocurrió.
El 20 de febrero de este año, Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, reconoció que está pendiente no sólo la firma del documento para la Declaratoria de Restauración Ecológica, también el anuncio de la inversión para revertir el daño medioambiental grave.
El 20 de febrero de este año, Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, reconoció que está pendiente no sólo la firma del documento para la Declaratoria de Restauración Ecológica, también el anuncio de la inversión para revertir el daño medioambiental grave.
A cuatro días de finalizar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y con cinco años de retraso, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que declara zona de restauración ecológica el área de influencia de la presa Endhó, en Hidalgo.
El documento establece como zona de restauración ecológica el área de influencia de la presa Endhó, con una superficie total de 36,637-93-00 hectáreas, ubicada en los municipios de Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río de Ocampo, Tepetitlán, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula de Allende, en el estado de Hidalgo.
El decreto tiene por objeto, señala el DOF, “llevar a cabo las acciones necesarias para regenerar, recuperar y restablecer las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban, particularmente en lo referente al equilibrio ecológico y los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento de agua, aire, suelo y biota”.
No habrá recursos económicos.
El programa de restauración ecológica y los proyectos de restauración de la zona deben concluir en un plazo máximo de 12 años, contados a partir de su emisión.
El decreto establece que las erogaciones que se generen con motivo de su entrada en vigor, se deben cubrir mediante “movimientos compensados”, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, con cargo al presupuesto aprobado para los ejecutores de gasto correspondientes en el presente ejercicio fiscal.
El decreto con el que finaliza el sexenio señala que “no se autorizarán recursos adicionales en el presente ejercicio, ni en los subsecuentes”.
