Por Rebelión en la capital del estado.
“Mediante el presente ocurso, hago referencia a los juicios laborales en los cuales esta Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, o alguna Secretaría o área adscrita a la misma, se encuentre señalada como autoridad demandada, ante el Tribunal de Arbitraje en el Estado, como en el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo”.
Así inicia el oficio, en poder de quien esto escribe, en el que el presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio, informa a las titulares de sus respectivas secretarías tendrán que hacerse cargo de cualquier laudo o juicio interpuesto por empleados.
De igual manera, reza el oficio, “en relación (sic) con la celebración de los convenios ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, con los cuales se dan por concluidas las controversias laborales, se le instruye a efecto de que lleve a cabo la verificación del correcto cálculo, de donde se desprenda el monto a retener, relativo al entero fiscal correspondiente al impuesto sobre la renta de los ingresos por salarios”.
La instrucción cayó muy mal entre los aún funcionarios de primer nivel del municipio capitalino, pues, argumentan los inconformes, quienes evidentemente prefieren mantener el anonimato, la medida pretende lavarle las manos a la administración de Baños Rubio y dejar la responsabilidad jurídica y administrativa a los secretarios salientes.
En la reunión donde se informó el contenido del “ocurso” – que más que una petición, es una orden- los ánimos se caldearon, pues varios funcionarios expresaron su inconformidad ante la medida tomada por el presidente municipal pachuqueño.
“Nos parece injusto que, habiendo seguido instrucciones ahora carguemos con la responsabilidad”.
“Derivado de ol anteriormente señalado, se le hace patente la obligatoriedad de presentar ante la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General del Estado de Hidalgo, o ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Municipal, las denuncias sobre los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir”, finaliza la instrucción presidencial, elaborada por el abogado Omar Chávez Estrada, director general jurídico.
El oficio, firmado por Baños Rubio, marca copia al secretario general municipal, Alberto Escamilla Cidel, Omar Murbatian, tesorero y Norma Ibarra, contralora municipal.
La inconformidad deriva, esencialmente, de la advertencia emitida por el titular de la Contraloría del estado, Álvaro Bardales Ramírez, quien señaló el cuatro de julio que la Contraloría de Hidalgo analizará iniciar procedimientos administrativos en contra de laudos que generen un detrimento a la administración pública.
Bardales Ramírez explicó que, para prevenir juicios laborales por el próximo cambio de ayuntamientos, los nuevos representantes de las alcaldías que tomarán el cargo en septiembre, analicen la rotación de personal.
“Quién cometa la imprudencia de hacer despidos masivos, de correr al personal y termine en una denuncia laboral, entonces van a ser responsables”, sentenció.
Que cada quien se rasque como pueda, en el ayuntamiento de la capital del estado.
