Por Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial
Durante su participación el los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, realizados en Puebla, Rebeca Aladro Echeverría, magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, hizo un llamado a la consolidación de un sistema judicial más transparente y respaldado por las personas justiciables en México.
Presentó el posicionamiento sobre los tribunales de disciplina previstos en la reforma, los cuales, consideró, ayudarán al fortalecimiento de la democracia y justicia en poderes judiciales sólidos y confiables, siempre y cuando gocen de independencia y profesionalización.
Aladro Echeverría abordó la importancia de la implementación de tribunales de disciplina especializados como parte de la reforma, lo que garantizará la integridad y profesionalismo de quienes imparten justicia, al tiempo de destacar que se debe colocar a las y los justiciables y la protección de sus derechos en el centro de la reforma al Poder Judicial.
La independencia del Poder Judicial es esencial para la imparcialidad, y estos tribunales deben operar sin influencias externas, siguiendo estrictas normas de legalidad para no comprometer su autonomía”
Rebeca Aladro Echeverría
La jurista hidalguense aseguró que de esta forma se les coloca en el centro “para la efectiva protección de los derechos humanos”.
Añadió que la implementación de los tribunales de disciplina es una medida necesaria y urgente para lograr el fortalecimiento de la democracia y el respeto al Estado de derecho.
Además de una impartición de justicia “completa, imparcial, eficiente y de calidad, lo cual implica garantizar independencia, transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial, desde una visión federalista”.
Garantizar presupuestos suficientes a poderes judiciales
Susana Gabriela Camacho Maciel, consultora de México Evalúa, estimó que la reforma debe tener una visión sistémica y distinguir entre los problemas y deficiencias del Poder Judicial federal y los que enfrentan los estatales. Además, tener un enfoque en las personas y atender la opinión de quienes los conforman y de los usuarios del sistema.
Propuso retomar la implementación de la justicia cívica, introducir jurados para que la sociedad participe, separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales y garantizar presupuestos suficientes para los poderes judiciales estatales. Asimismo, fortalecer la justicia estatal, un sistema anticorrupción efectivo, el proceso de designación de personas juezas y magistradas, y la organización de los concursos de oposición.
