Por “Reforma judicial, sus mentiras”
Uno de los ideólogos propagandísticos de Morena en Hidalgo, Enedino Hernández Madrid, se preguntó inocentemente en sus redes sociales que “si el amparo es un derecho, ¿porque (sic) ronda en los 70 mil pesos?”.
Error o insidia, el hecho ha sido un “argumento” común para descalificar con mentiras al poder judicial federal.
El amparo es un derecho y es gratuito, quienes cobran por gestionarlo son abogados particulares que tarifan su trabajo de acuerdo con los parámetros propios de su profesión.
Como ya se mencionó en este espacio, el punto central de la reforma la expuso, sin estridencias demagógicas ni burlesques propagandísticos, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, quien aterrizó la necesidad de erradicar la disparatada diferencia entre el Poder Judicial Federal y los poderes estatales.
Durante la primera “asamblea informativa” del tema, llevada a cabo en Pachuca ayer jueves, corrió de nuevo el discurso político por encima de la precisión jurídica.
La senadora electa, Simey Olvera Bautista, dijo que esta reforma es fundamental para llegar al objetivo de que “todos los Poderes de la Unión” sirvan “al pueblo y no a los intereses de unos cuantos”.
Cuauhtémoc Ochoa repitió las generalidades de la iniciativa presidencial, de la que concretó que para 2025 se realizará una “elección extraordinaria” para renovar a todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, donde los actuales podrán participar “en igualdad de condiciones”, lo que nunca ha ocurrido en la historia moderna del país.
Las y los ministros de la SCJN, magistrados del Tribunal Electoral y magistrados del Tribunal de Disciplina serán elegidos a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión.
En el caso de los mil 633 magistrados de circuito y jueces de distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias a partir de seis candidaturas paritarias por cargo (dos por cada Poder de la Unión).
Faltará, además, la organización para los poderes judiciales estatales lo que implica, de acuerdo con varios expertos, una monstruosa disposición de recursos humanos y financieros que son absolutamente inviables.
Verbigracia, el estudio Elecciones 2024, señala que solo en la capital del país cada votante tendría que conocer los nombres de 2088 candidatos a las plazas judiciales que quedarían vacantes.
Una locura que implicaría que cada persona deberá permanecer en la casilla, votando, un promedio de tres horas.
Una estupidez que no se conoce, porque la propaganda oficial repite la cantaleta presidencial: “el poder judicial no sirve al pueblo”.
**Las expresiones contenidas en estas líneas, son opinión de ellas, y por lo tanto, no representan la postura editorial de CentralMX.
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