Por Guerra sucia, lo que importa es tiznar
La frase que utiliza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando manifiesta que “la calumnia cuando no mancha, tizna”, desde luego no es de su autoría.
Hay otra igual de vetusta, que reza “calumnia, que algo queda”, y que sirve para describir con igual fidelidad cuando un contrincante político endilga falsedades a otro para, simplemente, menguar su autoridad moral y su credibilidad ante la sociedad.
Hacia el electorado, en términos prácticos.
La guerra sucia, que envicia la contienda electoral entre los candidatos a presidente municipal de Pachuca, Jorge Reyes y Benjamín Rico ha llegado a un punto insostenible.
Las acusaciones hacia el candidato priista, por parte de cuentas de redes sociales anónimas presuntamente auspiciadas por los adversarios de Rico Moreno, caen en lo calumioso.
Sin embargo, la respuesta “oficial” de los priistas escaló un nivel en el que resulta muy riesgoso aventurarse.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), interpondrá una denuncia penal en contra del aspirante a la alcaldía de Pachuca por Morena, Jorge Reyes Hernández, por presuntas irregularidades que detectaron con contratos del gobierno estatal y sus empresas.
En conferencia de prensa, se señaló que la empresa Contratistas, Planeación y Comercialización, de la cual es socio Jorge Reyes, recibió contratos del gobierno de Omar Fayad Meneses, así como del actual de Julio Menchaca Salazar, pese a que en este último era funcionario público.
El motivo de las denuncias es presunto enriquecimiento ilícito a través de contratos millonarios obtenidos por adjudicación directa por una empresa, que señalaron, es propiedad del candidato morenista .
Sin embargo, los presuntos contratos ilegales son, la mayoría, de cuando Reyes Hernández no era funcionario.
Lo cual arroja la acusación priista al terreno de la especulación.
Es deseable que el área jurídica priista sustancie de forma inmediata las acusaciones que arrojó ante los medios de comunicación.
Anteriores denuncias presentadas por el área jurídica del partido tricolor han tenido un final francamente insulso, en el terreno estrictamente legal.
Si el objetivo es únicamente el “ruido” mediático en víspera de la elección, quizá surta un efecto negativo para el propio priismo, pues la sociedad está francamente harta de esta clase de escándalos cuyo único fin es manchar con el tizne de la calumnia con propósitos electorales.
Si no lo es, ojalá se le de el seguimiento adecuado para dilucidar si efectivamente ocurrió un hecho ilegal o, de plano, un delito.
La autoridad está bajo la lupa de la opinión pública.
Ni más, ni menos.
