Por Viene el segundo piso del Maxiproceso de la Estafa Siniestra
La extraña circunstancia de que la investigación de la Estafa Siniestra parecía ejecutar una suerte de “acción evasiva” cuando de Jessica Blancas se trataba, parece llegar a un límite insostenible.
Entre la barbaridad de dinero que se esfumó en el sexenio de Omar Fayad, salta a la vista lo informado ayer por la Auditoría Superior del estado de Hidalgo.
En el organismo revisor, dependiente del Poder Legislativo, se detectaron irregularidades por 59 millones 208 mil 069.10 pesos, de los ejercicios fiscales del 2018, 2019 y 2021 de la entonces llamada Secretaría de Finanzas, encabezada por Delia Jessica Blancas Hidalgo.
El auditor superior, Jorge Valverde, informó que estas investigaciones derivaron de una denuncia presentada ante la ASEH, el 21 de agosto del 2023, es decir, hace apenas seis meses.
Gracias a esa denuncia, se ubicaron inconsistencias financieras en cuatro proyectos contratados mediante licitación pública, así como irregularidades en la información proporcionada por las empresas contratadas.
De esos cerca de 60 millones de pesos faltantes, 29 corresponden a la contratación de un servicio de consultoría y asesoría, de esas que no dejan huella física, ni entregables, ni nada para demostrar la aplicación del recurso público.
Esos más de 59 millones de pesos es lo más cercano que ha estado Jessica Blancas de una investigación formal en su contra, incluso más que por los poco más de 800 millones que “perdió” en la fallida inversión, con dinero público desde luego, en el quebrado y desaparecido Banco Accendo.
Lo que al sentido común le resulta lógico, a la ley le implica un penoso proceso para demostrar que, quien en el primer círculo del exgobernador Fayad Meneses, tenía acceso al más alto nivel a los recursos públicos, debía forzosamente estar, cuando menos, al tanto de la brutal sangría que el erario hidalguense sufrió.
Cuando menos.
Será la Secretaría de Hacienda la que deba resolver el destino de estos millonarios recursos en un periodo de 20 días, so pena de iniciar una investigación de carácter penal.
Veinte días.
