Por Modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley para la Administración y Destino de Bienes.
“La atención a la niñez y la adolescencia es fundamental en las responsabilidades del sector público, pues mediante el diseño y la implementación de acciones medibles y verificables se pueden transformar vidas y construir cimientos sólidos para las futuras generaciones y para nuestra sociedad”.
Así lo expresó el diputado local y líder de la bancada del Grupo Plural Independiente Julio Valera Piedras durante su intervención en el pleno del Congreso Local, en el marco del desarrollo del noveno parlamento infantil que se lleva a cabo en la sede del Poder Legislativo.
“Las y los legisladores del Grupo Plural Independiente y del Partido Verde con la plena convicción de legislar en favor del interés superior de la niñez y la adolescencia ponemos a consideración de esta tribuna la creación del Fondo de la Protección de la Niñez y Adolescencia, como una herramienta poderosa y esencial para garantizar el bienestar integral de nuestras niñas, niños y adolescentes y promover su desarrollo saludable, educación, seguridad y acceso a servicios esenciales, así como el pleno ejercicio de sus derechos en un entorno seguro y propicio”.
Valera Piedras puntualizó que el fondo que se propone, no representa ningún impacto presupuestal para la hacienda estatal, pues sería financiado con recursos provenientes de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio.
“La inversión en niñas, niños y adolescentes constituye la base para alcanzar un desarrollo social inclusivo y sostenible, y el uso eficiente y suficiente de recursos posibilita el ejercicio de derechos, facilita la movilidad social, mejora el bienestar de las futuras generaciones y contribuye a cerrar las diferentes brechas existentes”.
Con la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en 2014, se dio un avance normativo importante en el país y como consecuencia se reformaron leyes para establecer la obligatoriedad del Estado de etiquetar y hacer público los recursos destinados para la atención de la infancia y adolescencia.
Sin embargo, según la UNICEF, los últimos 10 años la inversión en la infancia y adolescencia en México ha representado en promedio el 3.3% del PIB; cifra inferior al promedio regional que es del orden del 5% y significativamente menor a lo destinado en países como Argentina donde los recursos destinados representan el 7.5% del PIB.
“Por ello, es indispensable implementar políticas orientadas a mejorar y ampliar los beneficios de este sector de la población y dar muestra de que la niñez y la adolescencia deben estar al centro del quehacer público, privado y social para alcanzar un Hidalgo próspero, justo e incluyente para todas y todos”.
Es necesario recalcar, dijo, que los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben contar con la más amplia protección del Estado mexicano, sin escatimar instituciones, leyes, recursos técnicos y presupuesto público. Pues por mandato constitucional, los tres órdenes de gobierno tienen que tutelar sus derechos y tienen el compromiso moral y jurídico para crear los mecanismos legales, políticos y presupuestales para garantizarlos.
