Por La Fiscalía se quejó del “sabadazo” para favorecer al exgobernador.
La Fiscalía General de la República acusó irregularidades en el cambio de medidas cautelares concedidas al exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam.
El pasado uno de noviembre, horas antes de un día feriado y de un puente vacacional, la Fiscalía General de la República (FGR), fue notificada por el Juez de Distrito José Rivas González, para llevar a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares del también exprocurador general de la República.
Esta medida, reprochó la FGR, se aprobó dándole a la fiscalía menos de dos horas y media de tiempo para realizar los trámites correspondientes.
En dicha diligencia, la FGR aportó 10 imputaciones directas, 69 testimoniales, 29 dictámenes periciales, 65 documentales y más de 100 videograbaciones y pruebas demostrativas, así como el análisis de riesgo procesal emitido por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), con objeto de demostrar la gravedad singular de los delitos por los que se está procesando a esa persona, así como el impacto en este caso, que puede devenir por una determinación que cuestiona la magnitud de los ilícitos ya señalados.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representante de las víctimas y de sus padres, se adhirió al criterio de la Fiscalía, apoyando la petición de no variar la medida cautelar del procesado; ya que los delitos por los que se acusa a dicha persona y otras más, en contra de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, es uno de los crímenes más violentos, desmesurados y brutales en contra de víctimas indefensas, que se haya conocido en nuestro país, en los últimos años.
A pesar de todos los datos, de todos los apoyos del Ministerio Público y de las víctimas, y sin que hubiera una causal grave de enfermedad que afectara en forma urgente e inmediata al procesado, ni una desatención médica al respecto, el Juez dictó el cambio de medidas cautelares que, por el momento, no permiten la libertad de dicha persona, en razón de otro juicio pendiente.
La Fiscalía General de la República, impugnará de inmediato esta resolución ante la Segunda instancia y presentará la queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, para los aspectos administrativos que sean aplicables.
