Por Consideran organismos protectores de Derechos Humanos
Frente a los recientes dichos y tergiversaciones de información en el caso Ayotzinapa, las organizaciones de derechos humanos que han acompañado el caso conjuntamente manifestamos su inconformidad con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un comunicado, lamentaron los dichos presidenciales contra los padres y las madres de los normalistas.
“Como los familiares se lo dijeron en reunión y lo reiteraron en su marcha, los papás y las mamás no son manipulados por nadie: conocen el caso de sus hijos y ejercen sus derechos con dignidad”, reiteraron.
Así se lo hicieron ver al propio presidente de la República en su último encuentro, al exigir respeto y demandar que no les insulte.
También, rechazaron los dichos presidenciales contra las y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes a lo largo del periodo en que colaboraron con el Estado mexicano realizaron aportes fundamentales para el esclarecimiento, conduciéndose siempre sobre la base de la evidencia, dejando un notable precedente de asistencia técnica internacional para la investigación de graves violaciones de derechos humanos, así reconocido en México y a nivel internacional.
Los organismos defensores condenaron los ataques contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH).
Además, las instancias internacionales no han callado ante la crisis de derechos humanos de México y no lo han hecho en este caso.
Respecto de Ayotzinapa, sin la CIDH no habría GIEI y sin el informe de la ONUDH “Doble Injusticia” no se habría documentado a profundidad la práctica de la tortura en la investigación.
“No compartimos las descalificaciones en contra de quien fuera hasta septiembre del año pasado titular de la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA)”.
Su gestión, señala el comunicado, sin estar exenta de “áreas de oportunidad”, fue determinante para avanzar acusaciones que hoy el gobierno presenta como avances y es una infamia atribuirle responsabilidad en el entorpecimiento de la indagatoria.
Es el actual titular de esa Unidad quien está entorpeciendo el caso, pues en su carencia de legitimidad y conocimiento del mismo está desmantelando al equipo que logró esos avances, poniendo en riesgo los pasos dados.
También rechazaron las descalificaciones “contra nuestra labor como organizaciones civiles de derechos humanos, enmarcada siempre en el marco legal de la Declaración de la ONU sobre el derecho a defender los derechos humanos”.
“No somos intermediarios ni administramos el dolor”, sentencian.
La confianza sostenida de los padres y las madres nos afianza en nuestra labor, más allá de toda descalificación.
Detallaron que es falso que los castrenses ya hayan entregado todo: hace falta, al menos, la entrega de todos los documentos generados en el 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala (CRFI), así como todos los elementos producidos a partir de la ilegal infiltración de un elemento del Ejército en la Normal Rural de Ayotzinapa, incluyendo toda la información técnica obtenida durante los días precedentes y posteriores a los hechos de la desaparición.
“Las responsabilidades del Ejército en el caso son irrebatibles y no hacen parte de un señalamiento dogmático: elementos de los batallones 27 y 41 estaban vinculados con Guerreros Unidos y la noche de los hechos tuvieron un comportamiento irregular que aún debe esclarecerse; adicionalmente, el ocultamiento de evidencia que prosiguió a ese 26 de septiembre de 2014 durante todo el sexenio anterior y que se mantiene hasta el presente, fue una decisión institucional que mancha todavía hoy a las Fuerzas Armadas en su conjunto, como Institución”.
Finalmente, señalaron que la exoneración y férrea defensa del Ejército sólo es una triste comprobación del peligroso e inédito empoderamiento militar del presente.
