Por El ex oficial mayor de Hidalgo, Martiniano V.O., enfrenta una segunda causa penal por presunto peculado.
En esta ocasión, se le acusa de simular la compra de un sistema de vigilancia de obra pública valuado en aproximadamente 12 millones de pesos para la Secretaría de la Contraloría.
La audiencia fue privada dado que se argumentó que se podrían mencionar nombres de otros presuntos implicados que aún no han sido detenidos.
En esta nueva causa penal, el agente del Ministerio Público acusa a Martiniano N.N. de simular la compra del Sistema Integral de Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones (SIIVOA), un sistema que se suponía estaría bajo la supervisión de la Contraloría del Estado.
El ex oficial mayor, tenía una larga historia laboral junto al exgobernador, habiendo coincidido en la Secretaría de EducaciónPública (SEPH), donde estuvo a cargo del Instituto Hidalguense de Educación Básica y Normal.
M. V. O., como titular de la Oficialía Mayor durante la administración pública estatal comprendida entre 2016 y 2022, celebró el 16 de marzo de 2021 un contrato de prestación de servicios informáticos para la adquisición de un sistema denominado SIIVOA.
Dicho contrato que establece como dependencia solicitante a la Secretaría de la Contraloría, a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones, fue formalizado con el proveedor con razón social AKTAION DIGITAL S.A. DE C.V., a quien se le pagó la cantidad de 11 millones 998 mil 560 pesos.
Dinero que con base en las indagatorias de esta representación social, fue utilizado en beneficio de la empresa antes mencionada, en virtud de que no se realizó el concepto para el cual se firmó el contrato, sin que M. V. O., como oficial mayor, a pesar de haber contratado, diera el correspondiente seguimiento a la ejecución pertinente, eficaz y eficiente de esos recursos materiales.
Al concluir la audiencia inicial y con base en los datos de prueba de los que se allegó el Ministerio Público, un juez de control dictó el auto de vinculación a proceso para el exfuncionario estatal, por peculado agravado, en agravio de la administración pública.
La autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
Cabe destacar que el ex Oficial Mayor ya estaba en prisión preventiva oficiosa debido a la primera causa penal en su contra por hechos ocurridos en enero de 2022 cuando solicitó a la Secretaría de Finanzas Públicas la autorización de 18 millones 248 mil 606 pesos para adquirir 34 mil 358 litros de crema quirúrgica antiséptica para atender la contingencia de salud pública por la COVID-19.
