Por ¿Por qué audiencia privada? ¿Y las fichas rojas?
Por: Fernando Hidalgo Vergara @FHidalgoVergara
La defensa jurídica del exoficial mayor del gobierno estatal, en el sexenio de Omar Fayad Meneses, solicitó que su segunda audiencia en el caso por el delito de peculado agravado, por el cual fue detenido el 21 de julio, se realice de forma pública.
Esto, contrario a lo que solicitó el Ministerio Público, representante social adscrito a la Procuraduría General de Justicia estatal, quien ante el juez pidió que la audiencia fuese privada.
De acuerdo con la periodista Verónica Ángeles, quien entrevistó al exfuncionario en la Sala judicial, éste afirmó que “el que nada debe, nada teme”.
La máxima del bravuconismo cínico en este caso torna a un sentido mediático de credibilidad.
¿Por qué el representante social, es decir, el Ministerio Público, que es quien formula las acusaciones en contra del imputado, quería una audiencia privada?
¿Por qué el propio acusado quería una audiencia pública?
Martiniano “N” abundó a su causa al decir que coincide con sus abogados al decir que no tiene problema en que se divulguen datos, cifras, cuentas, propiedades o aún asuntos personales, como de forma comedida había previsto el Ministerio Público para tratar de impedir el acceso a la prensa y al público en general.
Caso similar el del alcalde de Tula, “MHB”, señalado por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones agravadas, cuya audiencia también fue privada a solicitud del Ministerio Público, con el argumento de que en la audiencia inicial se darían a conocer datos sensibles como cuentas bancarias, personas físicas, empresas, contratos, y ello “pondría en riesgo la investigación”.
Además, en otro dato inexplicable, no existe el registro de fichas rojas en la página oficial de la Organización Internacional de la Policía Criminal, mejor conocida como la Interpol, para los dos exfuncionarios buscados por la Procuraduría estatal.
Este organismo, la Interpol, con sede en la ciudad de Lyon,Francia, procura un archivo cibernético en el catálogo de personas buscadas a través de las llamadas “Notificaciones Rojas”.
En este acervo policial, existe un total de 6931 “fichas” cuyos criterios de búsqueda son el nombre del imputado y el país de origen de la autoridad que lo persigue.
De acuerdo con lo que se informó en la Fiscalía General de la República el pasado 15 de marzo, se extendió el oficio de alerta número A-2291/3-2023 de la Interpol para la captura del excontralor César Mora.
Sin embargo, en los registros de la misma Interpol no aparece la Notificación para Mora Velázquez ni para el exsecretario de educación, Atilano Rodríguez, de quién se informó la solicitud de ficha apenas el pasado 19 de agosto.
Las notificaciones de la Interpol son solicitudes de cooperación internacional o alertas que permiten a las policías de los países miembros intercambiar información fundamental sobre delitos y quienes los cometen.
Es cierto que la mayoría de las notificaciones son únicamente para uso policial y no se hacen públicas, no obstante, en algunos casos puede publicarse un extracto de la notificación en el sitio web si así lo pide el país solicitante, máxime si la propia autoridad ministerial ya hizo público el caso.
En este proceso, inédito, de combate a la corrupción, al más importante y cuantioso caso de corrupción descubierto, tan importante es la credibilidad como la justicia.
El ex contralor César Mora, Jessica Blancas, ex titular de Finanzas Públicas y quien autorizaba cuanto recurso salía de las arcas estatales, quien hasta el momento solo ha sido señalada por “perder” 800 millones de pesos en un banco que quebró y como objeto de investigaciones aún indefinidas por poco más de 50 millones de pesos, así como el resto de los implicados, tendrán que enfrentar la justicia de forma impecable.
Y también el gobierno, que no deberá manchar con nada este acto de castigo al mayor acto de corrupción en la historia del estado.
No es cosa menor.
