Por No me vengan con que los estatutos son los estatutos II.
Por: Fernando Hidalgo Vergara
O la aplicación del clásico “hagan lo que les de su regalada gana, siempre lo han hecho”.
Así parece ser ya el modus operandi del PRI en Hidalgo y seguramente en muchos otros estados del país y, por supuesto, la dirigencia nacional de ese partido.
En la inteligencia de que quien detenta el poder lo ejerce para conservarlo, quedó claro que para hacerlo los métodos legales, reglamentarios o estatutarios son lo de menos.
Ya se consignó en este espacio que el diputado federal priista, Marco Antonio Mendoza Bustamante, asumió el cargo sin haber cumplido con los estatutos del partido.
En un alarde de ramplonería, la todavía secretaria general priista, Victoria Eugenia Méndez Márquez, asumió un falaz, mendaz “mea culpa” y confesó haber declinado, en el más absoluto de los secretos, en favor de su compañero para allanarle el camino a la presidencia tricolor.
Una verdadera patraña, una mentira contumaz que sólo indica que el desprecio a los reglamentos viene en el ADN de quienes asumen el poder partidista en cualquier instituto político.
Dijera el filósofo aquel, “no nos hagamos”.
El prolegómeno de la cascada de renuncias que inundaron el escenario político estatal este fin de semana lo inició Omar Fayad Meneses, exgobernador y jefe político de todos quienes saltaron del barco moribundo, para acudir entonces al epílogo, que se constituyó este sábado con la salida de casi un centenar de militantes priistas.
Como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, es tiempo de definiciones y así ocurrió, como en cada sexenal “guerra intestina” entre priistas.
Salvo el alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, quien ha navegado en la tibieza y el silencio pusilánime desde que inició este maremágnum partidista, el resto de afines a Fayad Meneses dieron la espalda al partido que los llevó a puestos de poder desde donde trashumaron ahora a la rebeldía “independiente”.
Estas prácticas desde luego ni son nuevas ni son exclusivas del PRI actual.
El 23 de enero de 2019, el Consejo General del INE emitió un acuerdo para que los partidos políticos actualizaran y sistematizaran sus padrones de militantes, respaldando cada registro con un expediente físico que debía contener el consentimiento expreso del militante, así como diversa documentación personal.
Esta determinación fue resultado de diversas quejas en contra de todos los partidos políticos que derivaron en multas de hasta 108 mil pesos, aproximadamente, por cada registro que no cuente con este soporte.
En el caso del PRI, esto le implicó multas por alrededor de 140 millones de pesos con cargo a las prerrogativas, lo que comprometió la operatividad del propio partido, desde entonces.
El PRI reportó en ese momento un registro de más de 6 millones de militantes.
Sin embargo, según el INE, de ellos únicamente alrededor de un millón contaba con el soporte documental requerido por el árbitro electoral.
Por ello, el PRI resolvió retirar a todos los que no tenían el soporte documental mientras los Comités Directivos Estatales (CDEs) recaban la misma, iniciando una campaña de afiliación y refrendo de militancia, permanente.
En el caso del gobernador Omar Fayad, así como otras y otros destacados priistas hidalguenses que acusaron haber sido dados de baja del padrón priista, fueron recabados sus expedientes por el CDE, afín a Omar Fayad.
El 28 de julio la propia dirigencia nacional priista desmintió que existiesen militantes “rasurados” de su padrón.
Aquellos “rasurados” acusaron precisamente a Omar Fayad y su PRI de haber eliminado militantes que le resultaban incómodos al inicio de su gobierno.
En ese momento las excusas fueron en el tenor de “fuerza del PRI es su militancia” o “es información confusa utilizada con el propósito de dividir”.
Las prácticas no cambian, lo que cambian son los nombres.
