Por La ley de protección a periodistas, empantanada por el Ejecutivo Estatal
Por: Fernando Hidalgo Vergara @FHidalgoVergara
El diputado priista Onésimo Serrano González presentó, en los primeros días de agosto del año 2012, una iniciativa para crear la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
Como era lógico, en el Pleno de esa, la LXI legislatura, se aprobó de forma unánime, con todos los diputados y diputadas presentes, algo inusitado en la actual legislatura.
Al aprobarse la ley y seguir su proceso legislativo, se envió al ejecutivo para su publicación y para que corriera el plazo de 90 días para que, en el ejercicio de su responsabilidad, el Ejecutivo estatal de entonces, encabezado por Francisco Olvera Ruiz, construyera el reglamento que le diera operatividad a la ley, establecer el Mecanismo de Protección e instalar el comité técnico del mismo.
Pasos obligados que jamás se concretaron, por la desidia del área responsable de encauzar el procedimiento, la secretaría de gobierno.
En diversos foros y mesas de trabajo, se instituyó un comité integrado por representantes del Congreso, la propia secretaría de gobierno, de la procuraduría estatal, de comunicación social de gobierno y del gremio periodístico.
Sin embargo, el tiempo transcurrió y el interés de diluyó, más de una década después esa ley es letra muerta por la inacción del Ejecutivo estatal de entonces y de quienes integraron las áreas jurídicas responsables, o irresponsables, de construir el reglamento que permitiera la aplicación de la ley.
El 24 de mayo de 2022, hace poco más de un año, en la actual legislatura, se presentó una iniciativa de reforma a esa misma ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo en el estado y para la expedición del reglamento.
Esa iniciativa tuvo su base en el trabajo de periodistas que en el 2012 lograron aquella primera Ley y que en 2015 se planteó una actualización y para ello se organizaron foros en diversas regiones del estado.
Más de un año después, y luego de, ad náuseam, realizar foros y foros donde solo se gasta en café, galletas discursos, la ley y el reglamento están igual de muertos que cómo han estado los últimos 12 años.
Ayer, Santiago Nieto y Octavio Magaña presentaron una iniciativa que reformará el código penal del estado para incluir los delitos cometidos contra la libertad de expresión.
El documento, informó la PGJEH, contempla que se impongan de dos a seis años de prisión a quien incurra en delitos contra la libertad de expresión; además, establece que si se ejerce violencia, aumentará en una tercera parte la punibilidad que corresponda.
Ante tanta acumulación de irresponsabilidad, desidia y desinterés de parte de funcionarios del ejecutivo durante los gobiernos de Francisco Olvera y Omar Fayad, esta reforma presentada es lo más cercano a la luz en este tema tan sensible como es la protección al trabajo periodístico en Hidalgo.
