Por El Congreso de Hidalgo no discutió ni aprobó la reforma constitucional.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo la declaratoria de constitucionalidad del decreto de reforma para que violentadores de mujeres, de sus hijas y de sus hijos, no puedan ocupar cargos de servicio público.
La Mesa Directiva da cuenta de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados respecto a la reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución, conocida como la Ley Tres de Tres contra la violencia.
Con la reforma constitucional llamada “ley 3 de 3 contra la violencia” ninguna persona agresora sexual, deudora de pensión alimenticia, o que haya incurrido en violencia familiar, podrá tener un empleo o cargo de elección popular en ninguno de los tres órdenes de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal.
Debido a que se trata de una modificación a la Carta Magna, el dictamen también debía ser avalado por lo menos en 17 congresos locales antes del 1º de junio para que pudiera ser aplicada en las próximas elecciones del 2024.
Así, las 23 legislaturas locales que aprobaron el dictamen fueron Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, el Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, confirmó que la reforma constitucional, popularmente conocida como “Ley 3 de 3” contra la violencia, ya fue aprobada por más de 16 congresos locales, por lo que hoy miércoles, 24 de mayo, en la Comisión Permanente se emitió la declaratoria correspondiente.
Lo que significa, destacó el senador, que muy pronto la letra de la reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política “será una realidad para proteger los derechos de millones de mujeres y de personas menores de 18 años”.
Monreal recordó que en la última sesión del Periodo Ordinario de Sesiones, la Cámara de Senadores aprobó esta reforma constitucional, para que ninguna persona agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o que haya ejercido violencia familiar, señaló pueda tener un empleo en el servicio público, ni pueda ser registrado como candidato o candidata para ocupar un cargo de elección popular
Se trata, enfatizó el legislador, de una enorme deuda con las mujeres y la infancia de este país, uno de los cambios más relevantes para la vida de México, pues envía un mensaje contundente a las personas violentadoras, abusadoras sexuales o deudores alimenticios, para hacerles saber que nunca más el Estado mexicano será cómplice de abusos ni de violencia.
“Por eso es importante reconocer el trabajo de los legisladores, que la aprobamos el día 28 de abril, dos días antes de concluir este Periodo de Sesiones”
Ricardo monreal
Con estos cambios se adicionan las causales por las que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, ya sea por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.
Así como por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada persona deudora alimentaria morosa.
La reforma también incluye como requisito, para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República, que se requiere gozar de buena reputación, y no haber sido condenada por la comisión de delito doloso.
El proyecto se envió al Ejecutivo federal.
