Por La entrevista del secretario de gobierno, Guillermo Olivares Reyna.
Por: Fernando Hidalgo Vergara
Es una lástima el desperdicio periodístico que implican las conversaciones “of the record”; anulada la posibilidad de retratar, con las mejores palabras posibles, el preciso sentir y expresar del personaje con quien se convierte en simple charla un posible escrutinio de interés público.
Ni hablar.
En entrevista con distintos medios de comunicación, el secretario de gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, señaló con contundencia la responsabilidad de las autoridades municipales en la comisión del robo de hidrocarburos y en el narcomenudeo.
El combate a estos delitos, por parte del gobierno estatal, ha dado muestras de solidez y compromiso para disminuir los registros que ubican a Hidalgo en los primeros lugares nacionales.
Con Olivares Reyna a la cabeza de la estrategia, la tendencia es coherente con el objetivo: lograr que la incidencia del llamado huachicoleo permita que Hidalgo deje de ser primer lugar en el país con respecto a ese delito.
Pero la convicción de Olivares Reyna y del propio gobernador Julio Menchaca,requiere de la amplia y estrecha, (si el oxímoron es tolerable) colaboración municipal y federal.
Sobre todo ésta ultima, dado que el delito corresponde al fuero federal, habrá que esperar de las autoridades de este orden de gobierno toda la colaboración posible y sobre todo, toda la honestidad en el manejo de cifras, carpetas, investigaciones.
La delegación de la Fiscalía General de la República en Hidalgo tiene un desaseo numérico descontrolado.
A reserva de confirmación oficial, ya sea por omisión o por negligencia, los datos despachados con ligereza por la FGR en Hidalgo, indicarían que el estado ya no es primer lugar nacional en el delito de robo de hidrocarburo.
En febrero pasado, la investigadora Margarita Zapata Moreno publicó un ensayo en el que explica que el robo de hidrocarburos en México se convirtió en un problema grave alrededor del año 2010, sin embargo, adquirió notoriedad en la agenda pública a partir de 2018 con la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la implementación de la Estrategia de Combate al Mercado Ilícito de Hidrocarburos (ECMIH).
Los gobiernos anteriores ya habían implementado acciones contra este delito: durante el sexenio de Felipe Calderón se modificó el Código Penal Federal para evitar la comisión del delito por parte de trabajadores de Pemex y para combatir a los grupos de la delincuencia organizada dedicados al robo de hidrocarburos.
Mientras que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, señala el ensayo, el problema se definió como un asunto de Seguridad Nacional y se creó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Zapata Moreno detalla tres factores para explicar por qué el mercado ilegal de hidrocarburos se arraigó en gran parte del país:
La “guerra contra el narcotráfico” del presidente Felipe Calderón.
La colusión de la paraestatal Pemex, gobiernos locales y corporaciones de seguridad con la delincuencia organizada.
La participación de amplias bases sociales en este mercado.
Dos túneles subterráneos descubiertos en una semana en el municipio de Cuautepec, en Hidalgo, parece ser una tendencia en política de seguridad para intentar abatir este fenómeno en nuestro estado.
