Por El 2022 rompió el récord de agresiones contra la prensa, con un ataque documentado cada 13 horas.
Diez medios de comunicación recibieron el 54.8% del gasto en publicidad oficial en 2022.
La organización internacional ARTICLE 19, presentó Voces contra la Indiferencia, su más reciente informe anual sobre violencia contra la prensa, libertad de expresión, acceso a la información y respeto de derechos humanos en México, que revela la endeble condición de la libertad de expresión en México.
Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, compartió que el informe busca hacer un homenaje a las voces de periodistas, defensoras y defensores de los derechos humanos y comunidades indígenas que hoy confrontan su discurso con otras voces hegemónicas y la monopolización del debate sobre lo público.
Señaló que en los últimos cuatro años del gobierno que se erigió como “transformador”, el panorama de la libertad de expresión continúa con una marcada tendencia de deterioro que se remonta a la primera alternancia partidista en el poder, en el año 2000, y que ha reducido el derecho a la información y promueve una expresión inofensiva y poco crítica del poder.
Como ejemplo, refirió que el 2022 representó un hito inimaginable en lo que a violaciones de derechos humanos se refiere.
En mayo del año pasado, el país llegó a la cifra de 100,000 personas desaparecidas.
Según cifras oficiales, entre 2019 y 2022, se han registrado más de 30,000 de estos casos y se estima que, debido al alza y continuidad de la violencia, al finalizar el sexenio podrían ser de más de 60,000.
Maldonado recordó también el casi nulo avance institucional en temas de seguridad y justicia, donde el informe revela un déficit importante en la respuesta en defensa de víctimas.
Como ejemplo, compartió que, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2022, se registraron 1504 personas en el padrón local de víctimas de la Ciudad de México, de las cuales solamente 186 han recibido apoyo con recursos económicos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral capitalino.
Violencia que no cesa
Como la parte central del informe, el cual se dio a conocer en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, ARTICLE 19 expuso que en 2022 registró 696 ataques contra la prensa, convirtiéndose así, en el año más violento para la labor periodística desde que la organización inició el registro de agresiones, en 2007.
Los 12 asesinatos registrados el año pasado también sellaron el año más letal para la prensa junto con 2017.
La organización también expuso que las agresiones contra periodistas alcanzan una frecuencia de una cada 13 horas, donde la mayoría son cometidas por autoridades.
De los casos documentados, 296 (42.53%) fueron perpetrados directamente por actores del Estado, es decir, cuatro de cada diez.
En el panorama nacional, las cinco entidades federativas con más casos de ataques contra la prensa en 2022 fueron la Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, en ese orden.
En este mismo sentido, el informe revela que, a lo largo del gobierno de López Obrador, los ataques contra la prensa han constado, mayoritariamente, de amenazas, intimidación y acoso.
En 2022, al igual que en los últimos tres años, las agresiones más comunes contra periodistas y medios de comunicación fueron: intimidaciones y hostigamientos, con 181 casos.
Asimismo, ARTICLE 19 registró que, en el último año, en al menos 176 ocasiones el Ejecutivo vertió comentarios estigmatizantes a medios de comunicación, periodistas e, incluso, organizaciones de la sociedad civil.
De estos 176 hechos, 44 se configuraron como ataques contra la prensa, de los cuales 33 fueron cometidos directamente por el titular del Ejecutivo federal.
De forma paralela a la estrategia de ataque verbal por parte del gobierno federal, el reporte también insiste en que la concentración de recursos y la discrecionalidad en los criterios de asignación de publicidad oficial da pie a la manipulación de las líneas editoriales de los medios en México.
En 2022, el Congreso desacató la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atender las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social y optó por reglamentar de manera deficiente la publicidad oficial y dar continuidad a la hiperconcentración del gasto en comunicación social.
Datos del informe refieren que el año pasado tan solo diez empresas de comunicación recibieron el 54.8% del total del gasto en publicidad oficial, donde cerca del 30.6% se entregó a La Jornada, Televisa y TV Azteca.
